El aumento de más del 100% en el precio de los combustibles en el último mes generó el debate acerca de qué política de precios debería tomar un país productor de petróleo como Argentina. El Gobierno de Javier Milei coincide con las empresas en que debería existir un precio único, que equipare a la paridad de exportación de crudo y la importación de combustibles (lo que se conoce como import y export parity). Lo mismo planteó esta semana en una entrevista Nicolás Arceo, quien fuera vicepresidente de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner.
En la misma línea se expresó Jorge Lapeña, presidente del Instituto Argentino de Energía “General Mosconi”, en una entrevista con Ámbito. Sin embargo, criticó que es de “mal gusto” que los aumentos se hayan concentrado “en un solo mes”, y que debería hacerse con algún criterio de “razonabilidad”. Además, el secretario de Energía durante la presidencia de Raúl Alfonsín sumó otro aspecto al debate: siempre se habla de tener un único precio, el internacional, en materia petrolera, pero no en el caso del gas. En 2023, el Estado destinó casi $140 mil millones de subsidios a la producción de gas vía el Plan Gas, para pagarlo a un precio superior al que cotiza en mercados internacionales como el Henry Hub.
Periodista: ¿Está de acuerdo con la política del Gobierno de llevar los precios al export parity?
Jorge Lapeña: Si, en la medida que se haga dentro de una política general. El petróleo es un producto transable y es una buena idea llevarlo a la paridad de exportación para que al productor le sea indiferente exportarlo o venderlo a la refinería local. El barril criollo fue un invento conjunto de raíz corporativa, en conjunto con provincias, sindicatos, empresas y el gobierno anterior cuando bajaron los precios internacionales en la pandemia. Por lo que si ahora plantean que está bien fijar como precio de referencia el de exportación, tendrán que asumir los riesgos que esto implica.
P: ¿A qué se refiere?
J.L.: Análogamente ocurre con el gas. El valor FOB del gas natural de exportación hoy habría que tomarlo como un precio de un mercado competitivo como es el Henry Hub, en Estados Unidos. Ese precio del gas está en este momento 2 dólares el millón de BTU, y bajando. Mientras que en Argentina se firmaron contratos con los productores de gas nacionales a 3,5 dólares el millón de BTU. Si vamos a poner la paridad de exportación, que es lógica, hagamos esa corrección. Bajemos el precio en boca de pozo que se le paga a las productoras y significaría vender el gas a la mitad. Sino, el pueblo es socio en las pérdidas y nunca en las ganancias y se juega con las reglas del mundo cuando conviene.
P: ¿Qué piensa sobre el corto plazo al cual se quiere llegar al export parity?
J.L.: Muestra que en el gobierno de Milei no tiene una plataforma energética y tiene una dosis de improvisación importante. Es de mal gusto estos incrementos concentrados en un solo mes. El ajuste tiene que hacerse con alguna razonabilidad. Además, si vamos a jugar con las reglas de juego de exportación, bajemos el precio del gas doméstico, cosa que va a ser inaceptable por las corporaciones y las provincias.
P: ¿Por qué cree que hay que eliminar el barril criollo?
J.L.: Porque pone a la economía petrolera argentina en competencia real con la economía petrolera mundial. Sino dicen estar en competencia y cuando no me va bien le pido al gobierno de turno el barril criollo y me lo da, en perjuicio del consumidor.
P: ¿Qué piensa de la crítica a que los costos y los sueldos están en pesos, mientras que el litro de nafta va a cotizar en dólares?
J.L.: Tenemos que estar conectados con la economía internacional. En tal caso, si el Estado quisiera podría captar una parte de la renta petrolera por vía de impuestos o regalías y destinarla a reducir el precio interno, por ejemplo en el transporte de ferrocarriles de carga. Los impuestos y subsidios son instrumentos de política. En Arabia Saudita la nafta es barata porque el Gobierno parte de esa renta que gana vendiendo el petróleo caro y lo reinvierte.
P: ¿La nafta es un mercado competitivo?
J.L.: No. Hay un actor que tiene el 60% del mercado que es YPF. Estados Unidos tuvo un caso así bajo la presidencia de Roosevelt y tuvo que sacar una ley anti trust que obligaba a las empresa de Rockefeller a partirse para que ningún actor tuviera más del 10% y pueda competir. Por lo que hay que mirar con atención la idea de Milei de privatizar YPF porque es un oligopolio y no sería conveniente.
P: ¿Los aumentos benefician el balance de YPF?
J.L.: Si y no. Porque cuando hay incrementos también bajan las cantidades vendidas, habrá que ver cómo queda la elasticidad de la demanda. Podría beneficiarse si logra colocar saldos exportables.
P: ¿Liberar y desregular podría venir acompañado de un pedido a las empresas para sumar valor agregado y no exportar sólo crudo?
J.L.: Si, pero el gobierno no tiene un plan energético que contemple tal cosa. Vaca Muerta es el único yacimiento en expansión y nadie plantea que se haga un polo petroquímico o una planta de fertilizantes. Estamos pensando en vender el petróleo como materia prima. Y se sabe que un país que quiera nada más que vender materia prima (a menos que seas un gran jugador mundial con muchísimos recursos y poca población, como Arabia Saudita), no tiene futuro. No va a alcanzar para ser un país en desarrollo pujante.
P: ¿El Estado debería jugar un rol?
J.L.: Empresarios privados no ven interesante esa inversión, sino ya la hubieran hecho. El Estado está desarmado y deja las grandes estrategias de desarrollo en manos de corporaciones empresarias, políticas y sindicales. Y el resultado es malo.
Fuente: Ámbito
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