Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) despedirá a 3000 empleados, lo que representa el 15% de la totalidad de trabajadores de la empresa. Los despidos se efectuarán en tres tandas mensuales de 1000 personas. La meta carece de cualquier tipo de criterio más allá del propio número, que fue definido de antemano por el Gobierno como una meta a cumplir. De acuerdo a los trascendidos oficiales, para el segundo semestre se prevé otra ronda de desvinculaciones.
Si bien la medida estaba decidida desde hace días, restaban algunos pasos para obtener el financiamiento necesario para las cesantías. Según un documento de la Gerencia General Administrativa de SOFSE que se hizo público este lunes, se solicitan al Tesoro 56.000 millones de pesos para hacer efectivo el denominado “plan de optimización de gastos en personal”.
El documento, con fecha del pasado 18 de abril, confirma el número de despidos, el salario promedio del personal alcanzado y la antigüedad promedio (13 años). Esto fue utilizado como base para la solicitud de fondos firmada por el Gerente General Administrativo Jorge Adrián Álvarez Holmberg dirigida al presidente de SOFSE, Luis Adrián Luque. En una primera instancia se ofrecerán retiros voluntarios y, transcurrido un período perentorio, las autoridades podrán avanzar con las desvinculaciones.
Esta medida se suma al reciente despido de más de 100 trabajadores en Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF). Al igual que en SOFSE, no hubo criterio claro: primó la arbitrariedad y el único elemento en común que se pudo identificar es el hecho de que se trataba de trabajadores que no estaban sindicalizados. En este caso, sin embargo, pocos días más tarde se logró la reincorporación de algunas decenas de trabajadores a instancias de los gremios.
Las empresas ferroviarias están virtualmente intervenidas por el Ministerio de Economía, que ejecuta una serie de medidas de ajuste sin más objetivo que reducir el costo fiscal del sistema ferroviario, recorte de personal entre ellas. Vale destacar que la determinación de la cantidad de despidos no obedece a ninguna auditoría, plan de racionalización ni identificación de personal ocioso. Más bien al contrario, teniendo en cuenta la torpeza con que se ejecutó en ADIF, resulta posible que acabe alcanzando a trabajadores destinados a tareas operativas, repercutiendo así en la calidad de los servicios.
De hecho, la gestión de SOFSE justificó los despidos en un ahorro anual estimado de $13.000 millones, monto modesto considerando el costo inicial de $56.000 millones en indemnizaciones: recién de “amortizaría” pasados cuatro años, y sin considerar el impacto que la escasez de personal pudiera tener en la prestación de servicios, mantenimiento de infraestructura, trabajos en talleres, seguridad operacional, atención al público u otras áreas que pudieran verse afectadas.
Como parte de los mismos recortes, la obra pública ferroviaria se encuentra en una situación de parálisis total que incluye hasta los proyectos más urgentes y a los casi finalizados, además del freno de licitaciones para la compra de repuestos críticos. Contrariamente a lo anunciado en un primer momento, el freno de la obra pública también se extendió a los proyectos que contaban con financiamiento internacional. La semana pasada, por caso, se canceló la licitación para electrificar y renovar las vías entre Victoria y El Talar de la línea Mitre, que contaba con financiamiento del Banco Mundial, lo cual pone en jaque todo el proyecto de modernización de la línea.
El ajuste sobre el personal y la obra pública impacta en un espiral de deterioro de los servicios ferroviarios que no se registraba desde la época de las concesiones privadas. La degradación se expande progresivamente hacia todo el sistema, alcanzando ya a los trenes metropolitanos eléctricos, diésel y de larga distancia. Mientras tanto, el Gobierno insiste en la privatización de SOFSE dentro de la nueva Ley Ómnibus que se trata esta semana en la Cámara de Diputados.
Fuente: enelSubte
