El proyecto de la Nueva Planta de Uranio (NPU) de Dioxitek en Formosa que buscaba consolidar un nuevo punto de desarrollo del ciclo de combustibles nucleares en la Argentina y pretendía producir dióxido de uranio (UO) fue paralizado esta semana por la falta de transferencias comprometidas por parte del Tesoro de la Nación. ¿Cuáles son las consecuencias?
Dioxitek es una Sociedad Anónima Estatal que se encarga de garantizar el suministro de dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales nucleares de Embalse y Atucha I. La empresa originalmente estaba entre la lista de empresas a privatizar por la primer Ley Bases que el Poder Ejecutivo envió a Diputados.
Según informaron fuentes desde el organismo, la sede central que tiene su asiento en Córdoba está desactualizada y ya no puede continuar con las actividades en el barrio en el que está emplazada. De ahí que el proyecto de la nueva planta pretendía obtener una nueva usina moderna para producir un elemento esencial para las centrales nucleares del país.
En este sentido, la paralización de la planta repercutirá negativamente y causará un grave daño a la matriz energética nacional.
"Dioxitek no sólo representa un avance tecnológico desde su creación, sino que es fundamental para la producción de energía nuclear argentina, ya que abastece el 7% de la energía eléctrica nacional", afirmaron desde el sector.
La planta de Formosa que está en obra buscaba ser un complemento de la planta que ya se encuentra en Córdoba y se planeaba con un rol crucial para mejorar la eficiencia y asegurar el suministro continuo de combustible nuclear necesario para las centrales de Atucha I, Atucha II, y Embalse.
Consecuencias de la falta de financiamiento
El expresidente del Directorio de Dioxitek y actual ministro de Cultura de la provincia, Julio René Aráoz, lamentó la decisión nacional y aseguró que perjudica a la industria energética de la Argentina.
Desde la planta denuncian que la falta de financiamiento nacional generó consecuencias graves como el riesgo de interrupción en la producción de energía nuclear y además "la pérdida de empleos especializados y el abandono de infraestructura e instalaciones al 70% de su avance".
"Representa una pérdida de inversión para el Estado nacional por 150 millones de dólares", afirmaron. Según Aráoz, la planta tenía dos años más de obras hasta que finalmente pudiera ser puesta en funcionamiento.
"Ahora hay que invertir dinero para cuidar lo instalado, para que no se deteriore por efecto del ambiente, cuando es más barato ponerlo en operaciones", opinó el ingeniero y agregó: "A medida que se extiende, el proyecto se encarece".
Además, desde Dioxitek aseguraron que se encuentran en "una posición precaria legal y financiera", con deudas pendientes que amenazan su estabilidad operativa y su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos con terceros.
El futuro de la planta de Dioxitek en Córdoba, que ya enfrenta desafíos regulatorios, también está supeditado al avance del proyecto NPU en Formosa. La renovación del permiso para su operación más allá de diciembre de 2024 depende directamente del progreso de Dioxitek en Formosa.
Además, la paralización de Dioxitek limita la creación de empleos y el desarrollo económico en Formosa y otras regiones asociadas. La generación de pequeñas y medianas empresas locales también se ve afectada, ya que restringe y frena el crecimiento industrial y tecnológico de la zona norte.
Cuál era el objetivo de Dioxitek
"La construcción de la planta tenía por objetivo fortalecer la capacidad de proporcionar energía limpia y confiable con tecnología única en el país y una de las pocas en Sudamérica, significaba una gran innovación", afirmó Aráoz.
En relación a ello destacó "su total digitalización de procesos, todas las operaciones iban a estar automatizadas y controladas digitalmente".
La planta tenía como objetivo "minimizar el impacto ambiental y a eliminar la necesidad de desechar líquidos, al adoptar un enfoque de vertido líquido cero".
Fuente: El Cronista
