El Gobierno de la Provincia rechazó el recurso de reconsideración presentado por la empresa salteña MEGA SRL, dio por concluida la vía administrativa y habilitó a Fiscalía de Estado a accionar contra la empresa por no haber concluido con la obra del Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca, en la que se pensaban invertir más de 6.400 millones de pesos. La empresa criticó la legitimidad de los instrumentos del Gobierno y anticipó que podría llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
Así se dispuso por el decreto nº969/24 del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente firmado el pasado lunes 23 de septiembre, con el que Jalil instruyó a Fiscalía de Estado a "proceder conforme el artículo nº83 inciso a), b), c), i), y j) de la ley de obras públicas nº2.730".
Estos incisos hacen mención a la ocupación inmediata de la obra en el estado que se encuentre, con incautación de los materiales y equipos, establece que el contratista responderá por los perjuicios directos que sufra la Administración a causa del nuevo contrato que se celebre para la continuación de las obras, habilita al Estado a realizar descuentos de las multas que pudieran corresponder y señala que la empresa perderá el depósito de garantía y su derecho a percibir intereses y puede ser eliminada del registro de proveedoras.
Además, señala que si la responsabilidad del contratista excediera el monto del depósito de garantía, el Estado podría avanzar sobre el equipo u otros bienes de la firma.
El Ancasti advirtió desde marzo de este año el proceso por el cual el Estado multó a la empresa y luego revocó el contrato de obra pública por lo que se consideró un abandono de las tareas, que se iniciaron en septiembre de 2022 y tenían un plazo de ejecución de dos años.
Este último capítulo había sido en mayo y oportunamente la empresa MEGA presentó un recurso de reconsideración en el que cuestionó la legitimidad del acta de rescisión del contrato, denunció una enumeración de causas "basadas en hechos falsos o parcializados", cuestionó que existe una falta de motivación para rescindir el vínculo, aseguró que "no puede sostenerse que el avance de obra haya sido del 4,99% a julio de 2023" y reclamó que el Estado estaba en deuda con la empresa.
La firma cuestionó que el acta de rescisión del contrato se realizó desde la "Secretaría de Energía y Medio Ambiente" y no desde el "Ministerio", lo que Asesoría General de Gobierno consideró como una interpretación equivocada, porque en cualquier caso la rescisión de la obra se ratificó después con un decreto que llevaba la firma del gobernador Raúl Jalil, lo que echa por tierra cualquier tipo de vicio de nulidad.
Por otra parte, la Asesoría General de Gobierno cuestionó que la empresa debía acreditar los motivos por los que consideró falsas las actuaciones del Estado y debía demostrar si fehacientemente existía algún avance mayor al 4,99% de la obra cuando se inició el proceso de sanción. Se cuestionó que a modo de demostración de que la obra no había sido abandonada, la empresa señaló que prueba de ello era que tenía oficinas y maquinarias destinadas al trabajo.
La empresa también aseguró en su presentación que las multas recibidas "no se encuentran firmes ni consentidas" porque existía un recurso de reconsideración presentado al respecto. Sin embargo, el dictamen de Asesoría advierte que aquella presentación se hizo con los plazos vencidos, por lo que "las multas han quedado firmes y consentidos los incumplimientos contractuales imputados". En este caso, hacen referencia a la multa por $1.963.132.239,74 que se impuso en octubre de 2023, por una larga lista de incumplimientos en los plazos y avances.
El acta de recisión de contrato se firmó en abril de este año y se ratificó por decreto en mayo. El Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente había advertido, en un informe realizado en febrero, que la empresa estaba dilatando los procesos para intentar beneficiarse con un contrato más grande que el existente.
Cronología
Septiembre de 2022. Se firma el inicio de obra. El Gobierno invertiría en total casi $6.400 millones entre la obra y los caños que ya había comprado. La empresa tardó 51 días en nombrar un representante técnico y matricularlo en Catamarca.
Mayo de 2023. En la visita del entonces presidente Alberto Fernández, se hizo el "inicio de obra". Para esa fecha ya debía llevar un avance del 30%.
Junio de 2023. El Gobierno intimó a la empresa por las demoras. Ante la falta de respuestas, inició el proceso para multarla.
Octubre de 2023. Aunque el Ministerio advirtió que podía rescindir el contrato, decide una multa por $1.963.132.239,74 equivalente a casi la mitad del costo de la obra. MEGA apeló pero rechazaron el recurso.
Febrero de 2024. El Ministerio advierte que la empresa quería extender el proyecto y que se beneficiaba dilatando el proceso.
Marzo de 2024. El Ancasti informa sobre la multa y advierte el estado de abandono de la obra.
Abril de 2024. El Gobierno firma el acta de recisión del contrato.
Mayo de 2024. Raúl Jalil ratificó el acta y rescindió el contrato con la empresa MEGA. La empresa presentó un recurso de Reconsideración.
Septiembre de 2024. El Gobierno rechazó el recurso de MEGA, dio por terminada la vía administrativa y habilitó la vía judicial.
Fuente: El Ancasti
