El presidente Javier Milei tiene la idea fija: privatizar Aerolíneas Argentinas. Tras fracasar en su plan de incluirla en la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases, el mandatario no cejó en su obsesión y, por decreto, la declaró semanas atrás como "sujeta a privatización".
Este martes volvió sobre el tema y, ante las dificultades que sabe deberá enfrentar en el camino por concretar su plan privatizador, Milei adelantó que tiene un plan B para la aerolínea de bandera. Dejando en evidencia que su único objetivo es liquidarla, Milei admitió en diálogo con LN+ que "si no podemos privatizarla, estamos dispuestos a entregar Aerolíneas Argentinas a los empleados".
“Cuando nosotros llegamos sólo el 10% quería que se privatice, después de la salvajada que hizo (Pablo) Biró ahora es 50/50", sostuvo Milei y detalló que ya avanzó en una reducción de personal de 1.500 empleados. Reconoció además que en la actualidad la empresa no es deficitaria por lo que no se entiende las razones para avanzar en su privatización.
Semanas atrás ingresó a la Cámara de Diputados el Decreto Nacional de Urgencia (DNU) 873/24, que declara a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Ahora resta que el tema sea tratado en ambas cámaras del Congreso, que son las que tendrán la última palabra. De todas maneras, el mandatario ya tiene su plan B.
El decreto fue el primer paso de la gestión de Javier Milei para desprenderse de la aerolínea de bandera que había quedado fuera de la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases.
El Gobierno se amparó en la Ley N° 23.696 sancionada durante la gestión de Carlos Menem, que establece que para proceder a la venta de las empresas estatales, se deben previamente declarar “sujetas a privatización” por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, fundamentaron la decisión remitiendo al DNU 70/2023, con el cual "se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa".
En base a eso, sostuvieron que el Tesoro Nacional "no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina". Sin embargo el año pasado la empresa reportó ganancias y no utilizó las partidas de fondos estatales que tenía asignadas.
A pesar de ello el gobierno libertario asegura que "la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente".
En esa línea, sostiene que el Estado tiene como objetivo "destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen", en un contexto en el cual "la pobreza alcanza al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%".
Con la publicación del decreto, el Gobierno se puso así por encima de los proyectos de ley presentados por el PRO y la UCR. El primero fue presentado por el diputado Hernán Lombardi y también declara a la empresa “sujeta a privatización” en los términos y con los efectos previstos en la Ley 23.696. Además, autoriza al Poder Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el artículo 1°”.
La otra iniciativa la presentó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. Este texto precisa que al privatizar la firma se contemplen la Ley 23.696 y sus modificatorias, “debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por los artículos 11 a 14 de la Ley 27.742”, de Bases y Puntos de Partida para los Argentinos.
Fuente: m1
